Privacidad y COVID-19
Con la crisis sanitaria, el teletrabajo, la docencia en línea, las videollamadas, las aplicaciones de autoevaluación o rastreo de contactos, el control de aforos o el reconocimiento facial, muchos ciudadanos se preguntan si la pandemia por la COVID-19 está afectando a nuestra privacidad. Los expertos advierten que la clave es mantener el equilibrio entre el derecho a la salud y a la intimidad.
¿Se pueden tratar los datos de salud relacionados con el coronavirus de los trabajadores? ¿Me pueden tomar la temperatura antes de empezar a trabajar? ¿Se pueden utilizar técnicas de reconocimiento facial para realizar un examen? ¿Las herramientas de teletrabajo garantizan la privacidad y confidencialidad de los datos? ¿Pueden utilizar mecanismos de control de aforos sin vulnerar mi intimidad? Son algunas de las preguntas a las que ha tenido que dar respuesta la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) estos últimos meses por la crisis del coronavirus. A medida que avanzaba la pandemia crecía el debate sobre la privacidad y el uso de nuestros datos.
Cierto es que el tratamiento de datos personales está siendo clave para la gestión de la crisis sanitaria, tanto en organismos públicos como privados. El Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) permite ese tratamiento en situaciones de interés público, como sería el caso de esta pandemia. Así, por ejemplo, la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló recordaba en un informe con motivo de la COVID-19 la “legitimidad de la Universitat para tratar los datos personales que sean necesarios para gestionar la crisis sanitaria y adoptar las medidas necesarias de protección”. En el mismo sentido, la CRUE publicaba una Guía sobre la protección de datos personales en el ámbito universitario en tiempos del COVID-19 en la que añadía que la protección de datos “es un derecho fundamental que no ha cedido por el estado de alarma”. Y posteriormente, también publicaba un Informe sobre el impacto normativo de los procedimientos de evaluación online, centrado en los derechos de las y los estudiantes.
Evitar abusos por parte de terceros
Está claro que los datos, y más si están relacionados con la salud, tienen un alto valor. Por ello es fundamental, según los expertos, evitar que se produzcan abusos por parte de terceros que quieran aprovechar estos momentos de incertidumbre o vulnerabilidad. En estos últimos meses hemos conocido decenas de proyectos públicos y privados que, a través de medios tecnológicos, monitorizan la población o rastrean contactos. Ante este panorama, más de 300 investigadores y académicos de 27 países han publicado una carta dirigida a los gobiernos alertando de los peligros de usar tecnologías contra el coronavirus que permitan “una vigilancia sin precedentes de la sociedad”.
Una de estas iniciativas es la del gobierno español que acaba de poner en marcha en la isla de La Gomera. Se trata de una aplicación que permite notificar a los contactos de un usuario el posible riesgo de contagio por COVID-19. La aplicación “cumple con todas las garantías fijadas por la normativa europea para salvaguardar la intimidad de la ciudadanía”, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital. Así, solo se envían al servidor los identificadores cifrados que cada móvil emite, no los que recibe de otros terminales cercanos y cada cierto tiempo los móviles descargan los nuevos identificadores de contagios confirmados para comparar con sus registros. El cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo siempre en el móvil del usuario y no en un servidor, lo que garantiza la privacidad. Es lo que se conoce como modelo descentralizado, por el que apuestan, además de España, países como Alemania o Italia. Y todo ello, además, basado en código abierto para posibilitar auditorias.
